ALCALDES APOYAN ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO AL INVENTARIO, PERO RECHAZAN PROYECTO DEL PNP POR FALTA DE SUSTITUCIÓN

Advierten que la medida afectará los servicios municipales "sin distinción de colores"

ARROYO, Puerto Rico – El Municipio de Arroyo, en voz de su alcalde [Nombre del Alcalde/Alcaldesa] y en solidaridad con otros alcaldes y alcaldesas del país, reiteró hoy su firme apoyo a la eliminación del impuesto al inventario, por considerarlo un paso necesario para aliviar la carga de los comerciantes locales y fomentar el desarrollo económico.

Sin embargo, los ejecutivos municipales expresaron su más enérgica oposición al Proyecto de Ley aprobado por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

"Los alcaldes y alcaldesas estamos a favor de la eliminación del impuesto al inventario", sentenció [Apellido del Alcalde/Alcaldesa]. "Pero estamos en contra del Proyecto aprobado por la mayoría del PNP en Cámara y Senado, porque lo elimina al 2028 sin sustituir el impacto que tendremos los municipios".

La preocupación principal radica en que la medida legislativa, tal como fue aprobada, despoja a los municipios de una fuente de ingreso crucial sin proveer una alternativa fiscal viable. Según los alcaldes, esta acción unilateral amenaza la estabilidad financiera de las administraciones municipales.

El ejecutivo municipal advirtió sobre las graves consecuencias de esta legislación si entra en vigor sin enmiendas que protejan el erario municipal.

"La eliminación del impuesto al inventario SIN SUSTITUTO afectará las operaciones y el ofrecimiento de servicios municipales, sin distinción de colores", recalcó [Apellido del Alcalde/Alcaldesa]. "Esto no es un asunto político-partidista; es un asunto de administración fiscal responsable. Hablamos de servicios esenciales como recogido de basura, mantenimiento de áreas públicas, seguridad y programas sociales que se verán directamente impactados si no se identifica una fuente de repago justa y recurrente".

Los alcaldes hacen un llamado a la Legislatura y al Ejecutivo a detener la implementación de esta medida hasta que se establezca un diálogo productivo con los municipios para encontrar una solución que no ponga en riesgo los servicios directos al ciudadano.

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